los últimos años del franquismo y el periodo de la transición fueron una etapa ilusionante y participativa con el objetivo de conseguir un estado democrático y social.
Ilusionante y participativa porque se realizó con el debate y participación real de todos los grupos sociales y políticos que supieron dialogar y llegar a acuerdos en beneficio de toda la sociedad y por encima de intereses partidarios.
Con el objetivo de conseguir un Estado social porque se recogieron los derechos básicos de la persona como pueden ser el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la igualdad, a la educación, a la sanidad…
Un Estado democrático basado en la separación de poderes y un sistema institucional y representativo basado en la voluntad de los ciudadanos, diseñado con el objetivo de prestar unos mejores servicios a éstos, reconocer las nacionalidades y diferencias territoriales.
Hoy España es un proyecto desesperante y con futuro incierto para una parte importante de los ciudadanos que, además, ven a los políticos como un problema grave para la sociedad del que no saben cómo deshacerse y soportan con resignación.
Hoy los ciudadanos no tienen ningún cauce efectivo de participación. La prueba la tenemos en la ILP contra los desahucios, que a pesar de contar con 1.500.000 votos con firma, ha sido tirada a la papelera. O la ILP de custodia compartida en Euskadi que, a pesar de tener el apoyo de más de 85.000 firmas, las instituciones forales, los ayuntamientos más importantes de Euskadi, el Parlamento Vasco, el fiscal jefe y el Ararteko, está teniendo todo tipo de trabas posibles por parte de dos partidos políticos de izquierdas, que sin hacer caso a la voluntad popular ni a la de sus bases, ni negociar absolutamente nada con los proponentes, ya tienen tomada la decisión política de votar en contra. Con el agravante de que estos partidos han votado a favor de la custodia compartida como norma preferente en otras comunidades autónomas y Juntas Generales o ayuntamientos en un caso, y en la CAV y Navarra en otro.
Es decir, por encima del interés de los menores o de la sociedad, se superponen los intereses políticos puntuales de estos partidos. La participación pues se limita a votar a unos partidos que después, o incumplen su programa o son incapaces de llegar a acuerdos entre ellos para sacar adelante el país. Y, en cualquier caso, las demandas de los ciudadanos o la democracia participativa es algo que a algunos les molesta. Y como ejemplo palmario el veto del Parlamento Vasco a que Kidetza presentara y defendiera la ILP, pese a que el reglamento así lo recoge.
Los derechos sociales básicos recogidos en la Constitución, como el derecho a una vivienda digna, al trabajo, educación, sanidad... son papel mojado.
El modelo institucional del Estado de las autonomías ha fracasado para convertirse en muchos casos en un reino de taifas, o en nichos de clientelismos políticos que se manifiestan un día sí y otro también con casos de corrupción.
El sistema de representación actual ha servido para que algunos partidos se conviertan en grandes empresas donde colocar a su clientela a costa del erario público y utilicen las instituciones a veces de forma legal y otra menos transparente para financiarse.
De otra parte, la separación de poderes es una ficción, con una justicia que el ciudadano percibe que está al servicio del gobierno de turno y favorece a las clases altas.
La separación de poderes es una ficción, con una justicia que el ciudadano percibe que está al servicio del gobierno
Es urgente profundizar en los sistemas de participación política de la sociedad y en los mecanismos de control social
Para poner la guinda tenemos una jefatura del Estado salpicada por escándalos y que ya es puesta en tela de juicio por la clase política y la sociedad.
Este es un diagnóstico bastante real de la democracia actual en España, compartido por la mayor parte de los ciudadanos y que los políticos se niegan a reconocer públicamente, porque demuestra una situación de shock de nuestro sistema democrático.
Pero esto si tiene salida y pasa por volver al espíritu de la transición, para hacer una reforma profunda de la Constitución con la colaboración de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales en igualdad de condiciones y sin exclusiones.
Reforma que pasa por estructurar España en un Estado federal solidario, eliminando aquellas instituciones que duplican competencias o son innecesarias, así como redimensionando las existentes a la realidad actual y a las necesidades de la sociedad.
Cambio que debe contemplar una reforma profunda de la ley electoral y de la participación de la sociedad en la política.
Una ley que contemple que cada voto vale lo mismo y por tanto no prime el bipartidismo. Una ley en la que se introduzcan las listas abiertas, un proceso de primarias para elegir los candidatos y una limitación en los mandatos.
Un desarrollo legal que equipare en derechos y obligaciones a la clase política con el resto de los ciudadanos y regule de forma clara, transparente y razonable su salario y la financiación de los partidos políticos.
Es urgente profundizar en los sistemas de participación política de la sociedad y en los mecanismos de control social a la actividad política.
Se debe modificar la ley de ILP contemplando la posibilidad de que las iniciativas legales populares puedan ser defendidas en igualdad de condiciones que las presentadas por el Gobierno o los grupos parlamentarios porque tienen como mínimo la misma legitimidad democrática. Es por ello que se debe incorporar la figura del escaño o escaños de carácter transitorio que permitan defender los proyectos de ley ILP a los proponentes.
Un proyecto que tenga como eje fundamental el reconocimiento y defensa de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos, así como el ejercicio de la política como una función social al servicio de dicho objetivo.
Euskadi tiene competencias para iniciar parte de este proyecto. El Parlamento Vasco puede aprobar el proyecto de ley por iniciativa popular de custodia compartida presentado por Kidetza, favoreciendo la participación de la entidad proponente en su tramitación. Puede modificar la ley vasca de ILP creando el escaño 76 para estos casos y puede modificar la ley electoral vasca reconociendo las lista abiertas, la limitación de mandatos y las primarias. Todo es cuestión de ser conscientes de la realidad sociopolítica y de voluntad real de profundizar en democracia.
* Presidente de Kidetza
CONFEDERACION ESTATAL DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DIVORCIADOS TFNO:943292496
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