Marcados por el rastro de las denuncias falsas‏

Miércoles, 12 de Diciembre, 2012
El día del padre, ya de madrugada, el regalo que recibió Santiago Arcas a domicilio fue la visita de una pareja de policías nacionales de uniforme. Tenían orden de llevárselo detenido al complejo de Moratalaz porque su ex mujer le había denunciado unas horas antes por maltrato psicológico.
Esa noche y la siguiente las pasó en una celda de 3x2 con olor a humedad y orines. El 21 de marzo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 5 de Madrid archivó el caso «a la vista de que no existe situación objetiva de riesgo para M. P. R. L. y dadas las versiones contradictorias de las partes, de las que se desprende un posible móvil espurio de índole civil». Entonces el acusado pudo volver a su casa con la humillación de la experiencia, antecedentes policiales y 450 euros menos, los que pagó a su abogada por la defensa.
«Me parece increíble que tuviera que pasarme dos días en el calabozo por una denuncia que incluso el propio auto judicial reconoce que es falsa, que metiera de por medio a nuestra hija y que ella se haya ido de rositas», expone entre la indignación y la impotencia Arcas. «Quien escuche a mi ex mujer puede pensar: 'Voy a probar lo mismo; si funciona, bien, y, si no, pues no pasa nada'. ¿No falla algo aquí?», se pregunta.
Su caso no es único. Lo difícil de encontrar es la cifra exacta de hombres que han sido víctimas de acusaciones falsas de maltrato en la región y que han podido demostrar su inocencia.
Una primera aproximación podría obtenerse a partir del número total de denuncias que se cursan sobre este particular si se les restaran las que finalmente son admitidas a trámite (con la salvedad de las sentencias posteriores que sean favorables a los sospechosos de haber sometido a vejaciones a sus parejas). Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indica que no dispone esas estadísticas desglosadas.
En la Asociación de Padres y Madres en Acción (PAMAC), una de las más activas dentro de este colectivo, sí calculan que aproximadamente un 30% de los procesos terminan archivados. «No es algo anecdótico, cada vez se dan más situaciones así», asegura Paco Rodríguez, presidente de la organización, que en cuestión de horas consigue los contactos de una decena de personas que han vivido experiencias similares y están dispuestas a contarlas en la prensa con papeles de la mano.

J. M. U. prefiere que nos refiramos a él por sus iniciales no porque tenga algo de lo que avergonzarse, sino «por respeto» a su familia. Tuvo que pasar por un proceso judicial para demostrar que la denuncia que presentó su pareja contra él por malos tratos era falsa (de hecho, según consta en su parte de lesiones, el que sufría los golpes era él). El fallo lo confirmó meses más tarde la Audiencia Provincial.
«Ahora, cada vez que tengo que hacer algún trámite y voy con mi sentencia de divorcio, en cuanto los funcionarios ven que en la cabecera pone Juzgado de Violencia sobre la Mujer ya me miran de otra manera. Me he acostumbrado a ir cargando con todos los papeles en los que ha quedado demostrada mi absolución... Pero esto es un auténtico calvario», se lamenta este afectado, padre de dos niños «que, al final, son los que se llevan la peor parte».
Fernando C., José María R., José María H., Martín C... Todos arrastran dramas personales parecidos con papeles oficiales que declaran su inocencia, imposibles de condensar en un único artículo.
Al problema de las denuncias falsas, en PAMAC suman el de los hombres que tienen órdenes de protección de sus parejas, 269 en Madrid (de un total de 2.900 en todo el territorio nacional). «A ellos no se les aloja en ninguna casa de acogida como se hace con las mujeres maltratadas, una petición que hemos traslado, sin éxito, al Gobierno regional. También hemos solicitado que tengamos cupos específicos de Viviendas de Protección Oficial, pero, de momento, nada», subraya Paco Rodríguez.
En la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio responden que a esta última demanda se atiende a través de la reserva en los sorteos de pisos protegidos para separados y divorciados de ambos sexos que desde 2005 aplica la Comunidad de Madrid. Durante ese periodo, el 8% del total de casas adjudicadas ha sido a miembros de este colectivo, según señala una portavoz del Ejecutivo autonómico. Además, añade, «se presta especial atención a los casos de personas que han sido víctimas de malos tratos».
En cuanto a la posibilidad de que se cree una casa de acogida para hombres con órdenes de protección de sus parejas, la Consejería de Asuntos Sociales explica que no ha detectado «que exista demanda» al respecto. «Además, históricamente, la situación laboral y económica de hombres y mujeres no ha sido la misma, ya que éstas han estado en franca desventaja. Las casas de acogida tratan de ofrecer un lugar que pueda sustituir al hogar conyugal que no obligue a la mujer maltratada a permanecer junto a su agresor. (...) Sin embargo, el hombre no ha sufrido en general este desajuste, por lo que, en caso de soportar malos tratos, no demanda este recurso», explica un portavoz.
En el ámbito nacional, la PAMAC insiste en reivindicar la modificación de las actuales leyes del Divorcio y de Violencia contra la Mujer porque entiende que ninguna de ellas, tras más de seis años, ha cumplido los objetivos que perseguía: reducir la contenciosidad en los procesos de separación o divorcios y cumplir con la Constitución Española en materia de igualdad de sexos, entre otros aspectos.
En 2011 se rompieron 16.259 parejas en la Comunidad de Madrid, según los datos del CGPJ. La cifra, aunque un 5,5% inferior a la del año anterior, supone que cada 32 minutos se acaba una relación.

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