El 78 por ciento de los hombres que se divorciaron el año
pasado en el País Vasco no pudieron acceder a una vivienda digna, según
un informe de la federación de padres y madres divorciados de Euskadi ,
Kidetza.
Esta asociación ha presentado hoy el informe "Divorcio y
Vivienda en Euskadi . Año 2012", un estudio elaborado con una muestra de
1.404 personas (778 hombres y 626 mujeres de Euskadi ) en el que se
reflejan las opciones de alojamiento que han tenido estas personas
después de divorciarse en 2012.
Según sus datos, el 78 % de los hombres y el 12 % de las
mujeres divorciados no pueden acceder a una vivienda digna o recurren al
piso compartido.
El 4,9 % de los hombres y el 0,1 % de las mujeres llegan a
vivir en condiciones límite o tienen que recurrir a servicios sociales.
En más de la mitad de los casos masculinos, es la familia
la que está realizando la labor de acoger a los separados: el 53 por
ciento de los hombres y el 6 por ciento de las mujeres vuelven a casa de
sus padres tras el divorcio o tienen que pedir la ayuda de éstos.
El origen de este problema según Kidetza, está en las
sentencias de divorcio, que al atribuir en un 86 % de los casos la
custodia de los menores y con ella el uso de la vivienda a la madre
generan una discriminación económica muy importante al hombre que le
puede condicionar toda la vida.
El 67 por ciento de las madres se quedan con el uso del
hogar conyugal hasta que los hijos se independicen, pero el hombre tiene
que seguir pagando la mitad de la hipoteca, además de la pensión
alimenticia, lo que le lleva a "carecer de ingresos para tener un lugar
digno donde vivir".
Otra repercusión es que los hijos, que pasan una media de
126 días al año con el progenitor no custodio (el padre), al estar en
viviendas poco adecuadas terminan distanciándose de su padre.
Pese a ser un problema denunciado desde hace mucho tiempo,
Kidetza ha dicho hoy que las instituciones no toman medidas para
resolver esta cuestión.
En Euskadi , el Ayuntamiento de Errenteria ha puesto a
disposición un piso de emergencia, mientras que el Ayuntamiento de
Bilbao va a ofrecer pisos de alquiler
social a las personas divorciadas y el Ayuntamiento de Nanclares, en
colaboración con el Gobierno Vasco, va a construir pisos para personas
divorciadas.
La federación ha apostado porque se tomen varias medidas,
empezando por una ley vasca de la vivienda que reconozca el derecho de
todos los ciudadanos vascas a una vivienda digna reclamable por vía
judicial.
También proponen conceder un cupo para divorciados en el
acceso a las viviendas de alquiler y alquiler social, así como que las
viviendas embargadas por la cajas vascas sean dedicadas a alquiler
social.
Por último, piden que para acceder a estas viviendas o a
las ayudas sociales se cuente la cantidad neta que queda tras pagar la
hipoteca y la pensión, ya que al contabilizar la cantidad bruta los
divorciados no pueden acceder a ayudas sociales por cobrar "demasiado".
